“En esta columna desarrollare los resultados a noviembre de este año, del comportamiento de la compra publica, cuando el enfoque esta en el ahorro en los precios y la competencia”
Estimados lectores, como ya estamos llegando a fin de año, donde los números que entrega la herramienta denominada Datos Abiertos, que permite analizar el comportamiento de los compradores, en los distintos procedimientos y modalidades de compra, y donde los organismos públicos realizaron sus procesos de abastecimiento, de la siguiente forma:
A) En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes que representan cada una de las modalidades, que los organismos públicos han utilizado desde Enero a Noviembre de este año, en montos.
Ustedes podrán concluir, que este tipo de procedimiento lo que menos refleja es competencia, como además es muy difícil definir cuanto ahorro el Estado pudo obtener bajo esta modalidad. Adicionalmente, este año tenemos claro que la pandemia muy poco efecto tiene en la utilización de este procedimiento, generando una señal, clara, que de todas las nuevas modalidades propuestas y que tienen su foco en el ahorro en precio, pero no en el ahorro en la gestión de los funcionarios, finalmente produce que los organismos públicos utilicen el Trato Directo para satisfacer las necesidades de abastecimiento, que la ciudadanía espera del Estado.
Entonces la interrogante que reflejan estas cifras es si el discurso de una Compra Pública enfocada en el ahorro en los precios y la competencia finalmente “no se cumple”.
Además, dejar muy claro que el utilizar este procedimiento, no es una ilegalidad, puesto que la Ley de Compras, la considera para efectos de utilizarla bajo ciertas condiciones, las cuales obviamente fueron utilizadas por los Organismos Públicos, lo que llama la atención es el alto porcentaje, cuando en años anteriores representaba aproximadamente un 17,29 %. (1)
Por otro lado, el procedimiento de compra denominado Convenio Marco, refleja una baja considerable en la participación de compra pública (12,4%), por todos los cambios conocidos, en cuanto a la eliminación de convenios, y los actuales, con un enfoque en el ahorro en los precios, pocos proveedores adjudicados, competencia en la entrada, mix de productos de alta rotación. Este procedimiento en años anteriores representaba casi el 22,59% (1).
Por lo tanto, los compradores públicos, prefirieron los Tratos Directos, versus los Convenios Marcos, debido a que estos dos procedimientos tenían un enfoque en el ahorro en la Gestión Pública, y que los nuevos modelos de compra implementados no tienen.
B) En la siguiente gráfica se muestra la misma compra, pero a nivel de número de ordenes de compra.
De esta forma es obvio que la fuerte caída de los Convenios Marcos que actualmente representan un 24,3%, es el reflejo, que hoy el Estado cuando quiere realizar una compra debe planificar con mucha anticipación sus procesos de compra, para poder cumplir con los distintos plazos que las licitaciones requieren, por ende, el ahorro en los precios habría que analizarlo muy bien, considerando la carga administrativa, que este tipo de procedimiento involucra.
Si comparamos el numero de Ordenes de Compra que se realizaron a la fecha (enero a noviembre 2021) fue de 1.394.872.- contra las 2.383.308.- (1), existe una disminución importante, sin considerar que el numero al 2021 es hasta noviembre, sin embargo, planteo esta situación porque mensualmente se realizan aprox. 200 mil ordenes de compra. Lo que quiere decir que el ticket promedio de las Ordenes de Compra aumentó, y esto se refleja en el análisis de los montos, en la gráfica anterior.
C) La siguiente gráfica muestra el modelo de Compra Coordinada, que fue utilizada durante este año, con dos enfoques, en cuanto al procedimiento de compra a utilizar, uno por Licitación y otro por Convenio Marco.
En conclusión, esperemos que el próximo año 2022, sea un año, donde realmente la compra pública, sea un mercado donde todos puedan participar, en sus distintos procedimientos de compra, con un fuerte “foco en el ciudadano”, que es finalmente, el que se ve afectado, cuando el Estado no es capaz de entregar un servicio, por motivos de la burocracia, creada por nuevos procedimientos, que no cumplen el objetivo, que se persigue.
