Con fecha 30 de diciembre de 2024, la Contraloría General de la República emitió el Dictamen Nº E586179N24, el cual establece que el criterio de evaluación sobre Programas de Integridad en Compras Públicas es un aspecto que debe ser evaluado no sólo respecto de personas jurídicas, sino que también de los proveedores personas naturales, en las condiciones que indica.
El Programa de Integridad, puede definirse como un conjunto de acciones, políticas y procedimientos internos establecidos por una organización o empresa con el objetivo de prevenir, detectar y corregir conductas indebidas, como por ejemplo la corrupción, colusión, y para evitar sobornos.
Sin perjuicio de que hace años que las distintas instituciones públicas han considerado la existencia en una empresa de Programas o “Pactos” de Integridad como un criterio de evaluación en procedimientos de compra, a partir del Dictamen Nº E370752N23 de la Contraloría General de la República su uso como criterio de evaluación se volvió obligatorio.
De esta manera, las instituciones actualmente deben solicitar a los proveedores que acrediten tener un Programa de Integridad, y, además, que dicho Programa es conocido por el personal del proveedor, otorgando más puntaje en la evaluación respectiva a aquellos proveedores que sí cuenten con dicho Programa conforme a los requerimientos establecidos.
Este nuevo dictamen, en conjunto con las recientes modificaciones efectuadas a la normativa de Compras Públicas mediante la Ley Nº 21.634, ponen de manifiesto la creciente importancia que ha adquirido la probidad y la integridad en las Compras Públicas. Esto representa una nueva arista a considerar al momento de participar en procedimientos de Compras Públicas, pero también una oportunidad para destacar por sobre los demás proveedores que aún no se han adaptado a estos cambios.
CGCE cuenta con una vasta experiencia en la asesoría a empresas de diversos rubros en todas las etapas de la postulación, evaluación, y adjudicación en procedimientos de Compras Públicas, incluyendo la elaboración y revisión de Programas de Integridad. Nuestro objetivo es asegurarnos de que nuestros clientes tengan todas las herramientas necesarias para competir en las mejores condiciones posibles en procedimientos de Compras Públicas.
Redactada por: Vicente Pozo, Abogado CGCE
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