Durante este período como independiente, fue parte de asesorías propuestas por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) a distintos países de Latinoamérica, con el objetivo de analizar y proponer un sistema y plataforma de compra pública que fuera amigable para las entidades gubernamentales y que apoyara la transparencia respecto a las adquisiciones, tanto de bienes como de servicios, de los distintos actores públicos.