Casi el 70% de las empresas privadas en Chile no participa del B2G activamente

La Ley Nº 20.727, que entró en vigencia en 2014 dio la obligatoriedad a todas las empresas, independiente de su tamaño, de    facturar electrónicamente. El objetivo es que a febrero del 2018 el 100% de las empresas de nuestro país se encuentren bajo la  modalidad mencionada.

A marzo del 2017 según los datos con los que cuenta Servicio de Impuestos Internos, SII, poco más de 400.000 empresas  facturaron de manera electrónica. Si se considera que existen 123.000 proveedores que comercializan con el Estado, según Cuenta  Pública de ChileCompra, solo el 30% de la fuerza empresarial comercializa a través de mercado público.

Cabe preguntarse, entonces, por qué la gran mayoría de las empresas no se encuentran activas en este registro o simplemente no  lo han  considerado una alternativa de negocio. Luego de haber participado en diferentes asesorías a nivel internacional y con siete  años de  experiencia en el mercado público chileno, es que me  atrevo a decir que existen ciertos mitos del por qué cerca del 70%  de las empresas no comercializan con el Estado.

Primero existe el mito del mal pagador, donde los comentarios apuntan a que las instituciones gubernamentales no realizan sus  pagos de manera oportuna. Segundo existe la sensación de poca transparencia, debido a que ciertos criterios de evaluación son sesgados y en ocasiones las adjudicaciones son poco claras. Por último existe mucha burocracia sin gestión en los organismos públicos, sea cual sea el trámite a realizar. Las instituciones pertinentes han dado pelea a dichos mitos con herramientas como Programa de Pago Oportuno a Proveedores, el cual hace algunos días presentó resultados respecto a los reclamos arrojando que de 22 mil reclamos recibidos en 2016, 12 mil finalizaron de manera exitosa.

Si una empresa decide ser parte del B2G pero cree en los mitos mencionados, o tal vez más, debe contar con una asesoría integral que aborde estrategias de postulación, protección en cuanto a capacitación constante de cambios legales, operacionales, administrativos, entre varias otras cosas. Es fundamental que se cuente con una compañía integral en todo el proceso que implica ser proveedor del Estado, así la experiencia en el mercado público será grata y efectiva.

Revisa aquí el artículo en la revista digital Información de Mercados.

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